Consejo de Estado de Perú, conformado por los máximos representantes de todos los poderes y organismos autónomos del país, ha expresado este miércoles su respaldo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y ha pedido «restablecer el orden público» en el país, convulsionado por una grave crisis política y social.
En un comunicado difundido por la Presidencia de Perú esta madrugada, el Consejo señala que «respaldamos al gobierno constitucional para restablecer de inmediato el orden público dentro de los parámetros que exige un Estado Constitucional y democrático de derecho con el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas».
Este organismo está conformado por los presidentes y máximos representantes del Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, el Tribunal Constitucional, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Jurado Nacional de Elecciones.
Perú afronta desde el fin de semana pasado una escalada de protestas y manifestaciones violentas, que en numerosos casos han desencadenado en actos vandálicos, que han dejado hasta el momento siete fallecidos en las regiones sureñas de Apurímac y Arequipa, además de unos 130 policías heridos.
Las Fuerzas Armadas protegerán puntos estratégicos
El ministro de Defensa, Álberto Otárola, anunció este martes que el gobierno declarará en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas, en respuesta a las violentas manifestaciones, desatadas por el fallido golpe de Estado que motivó la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Al respecto, el Consejo de Estado ha expresado su rechazo a «los actos y medios violentos que ponen en peligro la vida e integridad de peruanos y peruanas, que afectan la propiedad pública y privada, así como la adecuada prestación de los servicios públicos, los que serán materia de una diligente investigación a cargo del sistema de justicia».
También pide a la población que «canalice sus demandas, preocupaciones y propuestas a través de los canales democráticos y procesos de diálogo que para tal efecto promoverá el Poder Ejecutivo».
Sobre las protestas, el ministro Otárola ha denunciado que son una «asonada atizada por profesionales que han trabajado» para conseguirlo «desde hace mucho tiempo» y ha advertido de que tienen «plenamente identificadas a las personas que están trabajando contra el estado de derecho en el país».
La Fiscalía de Perú ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, según una fuente vinculada a la investigación que se sigue al exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
Fotografía de archivo del, entonces, presidente de Perú, Pedro Castillo, durante una rueda de prensa con corresponsales internacionales en Lima (Perú).
En el requerimiento, que ha sido presentado por el fiscal supremo Uriel Teran, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, se ha incluido al exprimer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres.
La solicitud de prisión preventiva abre la posibilidad de que se prolongue la detención preliminar que cumple Castillo, que debe culminar en principio hacia el mediodía de este miércoles, aunque esa decisión es competencia de las autoridades judiciales.
