La Procuraduría General de la República apresó la madrugada de este domingo a José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, exministros administrativo de la Presidencia, de Hacienda y Obras Públicas, respectivamente.
En la denominada Operación Calamar fueron detenidas otras 20 personas mediante 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de investigación, 300 agentes de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Peralta, Guerrero y Castillo serán interrogados sobre un supuesto desfalco en contra del Estado que supera los 17,000 millones de pesos.
También fueron detenidos el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
El grupo está acusado de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos.
EL MAS VOLUMINOSO EXPEDIENTE
Según la Procuraduría, se trata del más voluminoso expediente de corrupción en el que trabaja el Ministerio Público y que envuelve montos que se aproxima a los 20 mil millones de pesos.
En el documento del Pepca, se indica que el modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones de Guerrero, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público RD$19,653,871,513.80 por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales el Pepca determinó que los esfuncionarios lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
SIMULABAN COMPRA Y VENTA DE TERRENOS
La Pepca identificó otras operaciones para desfalcar al Estado, como la simulación de compras y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa.
El Ministerio Público se enfrenta al reto de demostrar el ilícito en el que, además de exfuncionarios, están involucrados abogados y “buscones” que se encargaban de detectar expedientes viejos de expropiaciones.
Los propietarios originales recibían “migajas”, mientras que el Ministerio Público estima que los miembros de la estructura se quedaban con la mayor parte de los recursos.
ANGEL LOCKWARD
En el expediente también figura el abogado Ángel Lockward, quien al parecer no se encontraba en su casa cuando fue allanada. Quedó detenido este domingo, tras presentarse voluntariamente ante la justicia después de que el sábado en la anoche fuera allanado su domicilio.
El letrado dijo a la prensa que se ejecutó la orden de detención contra su cliente y quiso subrayar que no hay aún acusaciones ni actas sobre medidas de coerción.
Lockward consideró que no era necesario allanar su residencia, ya que ha estado dispuesto a presentarse a la Procuraduría siempre que fuera requerido.
«Allanarme para buscarme de noche no hacía falta porque el viernes después de la audiencia yo le ofrecí a Miriam Germán, a Yeni Berenice y a Camacho acudir a aclarar cualquier situación», es un proceso que va mal porque nace de un documento que no es correcto, pero a eso es a lo que nos tienen acostumbrados», dijo el abogado.
DETECTADO DE FORMA ACCIDENTAL
Se trata de un mecanismo detectado de manera accidental en 2021 para cobrar miles de millones de pesos al Estado por expropiaciones que datan de hasta 50 años, que eran cobrados a precios actuales y que los investigadores estiman que la mayoría de los fondos quedaban en manos de personas vinculadas con el Ministerio de Hacienda de la gestión anterior.
El caso se descubrió por un tecnicismo en la elaboración del Presupuesto del 2021. Cuando las actuales autoridades asumieron la administración pública el 16 de agosto de 2020 estaba en vigencia el Presupuesto elaborado por la administración anterior.
Las actuales autoridades sospecharon que algo no andaba bien y apoderaron al Ministerio Público del caso.
